Nueve comuneros de Catacaos en Piura a punto de ser desalojados por empresa vinculada al Sodalicio
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Por Álvaro Meneses
En los bosques secos de la región Piura, la comunidad campesina San Juan Bautista del distrito de Catacaos ha pasado los últimos 10 años defendiendo sus tierras de una presunta red de empresas vinculadas al Sodalicio de Vida Cristiana, organización religiosa que es investigada en el Ministerio Público por los supuestos delitos de organización criminal, lesiones graves y secuestro.
Pese a la resistencia de la comunidad, 39 campesinos han sido denunciados penalmente por empresas locales y otras vinculadas al Sodalicio, las que además han intentado apropiarse de sus tierras comunales, según los testimonios. Nueve de ellos están a punto de ser desalojados, a pesar de haber sido reconocidos por el Ministerio de Justicia como defensores de derechos humanos.
Desde el caserío Antiguo Chato Grande de la comunidad San Juan Bautista de Catacaos, el campesino Marcelino Inga de 64 años recuerda con precisión el día en que empezaron los problemas para su pueblo. “Desde el año 2011 llegaron unos empresarios, una empresa San Gerardo”, rememora Marcelino.
Fue exactamente la mañana del 8 de diciembre del 2011 cuando Marcelino junto a otros campesinos vieron a lo lejos que decenas de hombres no identificados levantaban cercos sobre las tierras de su comunidad. Al intentar detener a los foráneos, los comuneros fueron agredidos con armas de fuego. Varios quedaron heridos y uno perdió la vida: su compañero Guadalupe Zapata Sosa.
“Y en el 2012 comienzan las acusaciones por parte de la empresa San Juan Bautista, vinculada al Sodalicio. En esos años nos pusieron decenas de acusaciones contra los comuneros. En esos años aparecen un montón de empresas”, continúa Marcelino.
TRÁFICO DE TIERRAS
A espaldas de los campesinos de la comunidad San Juan Bautista de Catacaos, el 18 de diciembre de 1998 en una asamblea que nunca sucedió se transfirió 9 mil 985.25 hectáreas de tierras del pueblo a favor de 100 presuntos comuneros. Posteriormente, el entonces presidente de la comunidad, José Pasache Aquino, redactó en enero de 1999 un nuevo documento de conciliación para anular dicha operación y enfatizar en la falsedad de los trámites realizados en dicha asamblea.
En una investigación periodística publicada en octubre de 2019, Wayka reveló cómo una red de empresas se habría apropiado irregularmente de las casi 10 mil hectáreas de la comunidad, y que parte de esos terrenos terminaron en manos de cinco compañías vinculadas al Sodalicio de Vida Cristiana: Miraflores Perú SAC, Agroindustria San Gerardo, Santa Regina SAC, Inversiones San José y la Asociación Civil San Juan Bautista (ACSJB).
En ese comercio de tierras, la ACSJB, organización vinculada al Sodalicio, adquirió 1,895.40 hectáreas que eran ocupadas por diez comuneros de Catacaos: Wilmer Maza Sandoval, Santos Maza Juárez, Percy Maza Sandoval, Casimiro Maza Juárez, Percy Vílchez Chiroque, Paula Sandoval Sullón, Gregorio Inga Sánchez, María Maza Flores, Reynaldo Palacios Anastasio y Santos Elías Mendoza (fallecido).
DEMANDADOS
Todos ellos, en 2014, fueron demandados por la ACSJB con el fin de que desalojen el área por la vía judicial. En primera instancia, la magistrada Iris Soledad Suárez Lozada, del Juzgado Transitorio de Catacaos, falló a favor de la ACSJB y ordenó a los diez comuneros que desalojen las tierras. En noviembre de este año, sin embargo, la defensa legal de los 10 comuneros afectados presentó un recurso de apelación ante la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura, a cargo del juez Juan Luis Alegría Hidalgo.
Paula Sandoval Sullón, una de las comuneras denunciadas, cuenta que “las empresas del Sodalicio trajeron gente mala, gente matón que nos querían botar”. “Tenemos más de 25 denuncias. Yo soy madre de familia, tengo mis dos hijos. Yo soy enjuiciada. Así hemos estado. Ahora nos dicen que nos quieren desalojar. Yo y mis hijos hemos nacido en el campo. En el campo vivimos. ¿Dónde nos quieren botar?”, exclama.
Para Paola Quispe, abogada de los comuneros y de la Coordinadora Nacional de los Derechos Humanos (CNDDHH), “las propiedades de las comunidades campesinas son intangibles, inalienables y por lo tanto no pueden ser transferidas a terceras personas que no pertenecen a la comunidad”.
En los próximos días, el magistrado Alegría Hidalgo deberá decidir si ratifica la sentencia en primera instancia a favor de la ACSJB o resuelve anularla y reconocer como titulares de las tierras a los comuneros de Catacaos. La defensa de sus tierras comunales depende de la justicia.
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