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A un día de culminar el proceso de evaluación y ratificación de 200 jueces y fiscales, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) recibió una sorpresiva denuncia de 21 folios, documentada, contra la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.

En el escrito se solicita que la autoridad máxima del Ministerio Público sea sometida a investigación, suspendida mientras dure el proceso y, sugiere, que no se le renueve la confianza en el cargo.

Lo inusual del caso es que la autora de la denuncia es una fiscal en actividad, la doctora Rocío Sánchez Saavedra, la joven fiscal del Callao que puso en evidencia en 2018 la existencia de la organización criminal “Los Cuellos Blancos de Puerto”, una mafia tentacular compuesta por jueces y fiscales del más alto nivel,  enquistada en el Poder Judicial, con ramificaciones en el ámbito político, la burocracia estatal  y el sector privado.

Como se sabe, la Junta Nacional de Justicia anunció en setiembre el inicio de los procedimientos individuales de evaluación integral y ratificación de 200 jueces y fiscales titulares de todo el país, en esta primera fecha. Los magistrados tuvieron plazo hasta ayer, viernes 12 de noviembre, para presentar su respectiva documentación.

En este proceso aparece la figura de la participación ciudadana, es decir que cualquier persona natural o jurídica puede presentar hasta hoy, 13 de noviembre, información sobre la conducta e idoneidad de un juez o fiscal convocado a ratificación.

La parte medular de la denuncia de Rocío Sánchez asevera que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, habría adoptado en el transcurso de su gestión “decisiones que afectan las investigaciones en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto” que ella condujo desde el inicio y del cual fue separada.

Según Sánchez, la fiscal de la Nación estaría interesada en conocer, día a día,  los pormenores de las investigaciones de Los Cuellos Blancos del Puerto.

Sánchez comentó en RPP que el documento que presentó especifica seis hechos o evidencias contra la fiscal de la Nación para conocimiento de los magistrados de la JNJ.  “Ávalos  desarrolló actos que han perjudicado la investigación”, sostiene.

Precisa, por ejemplo que envió oficios a la unidad antidrogas, Dirandro, solicitando que los registros de comunicación ya no lleguen a su despacho (el de Sánchez)  sino a la oficina de la fiscal coordinadora que Ávalos acababa de designar.

Al tomar conocimiento de ello por información de la Dirandro, Sánchez -explica – hizo gestiones documentadas ante el despacho de la fiscal de la Nación logrando restituir las cosas al estado anterior.

Aseguró a RPP que este detalle pudo haber determinado la decisión de Zoraida Ávalos de removerla del caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”. “Porque no tenían forma ni acceso para conocer la información”, asegura.

Asimismo, Ávalos no habría tomado acciones para corregir una supuesta inconducta del fiscal Jesús Fernández Alarcón al no investigar la designación de Carla Bordieu Zavala al cargo de fiscal adjunta superior de la Fiscalía a cargo de casos de Crimen Organizado en Piura.

Bordieu es hija de la exministra de Justicia, María Zavala, quien acababa de ser declarada candidata apta para ocupar una plaza en la Junta Nacional de Justicia (como ocurrió). Rocío Sánchez sostiene que Bordieu carecía de  experiencia para el cargo y atribuye el nombramiento al parentesco espiritual de comadres que la une con la actual magistrada de la JNJ.

“Los favores entre las comadres no tiene interés de investigarse. la fiscal de la Nación designó a la hija de Zavala Valladares cuando formaba parte de la lista de postulante para el examen de conocimiento en la JNJ que fue el 3 de noviembre del 2019 y por resolución de la fiscalía de la Nación días antes, el 21 de octubre 2019, se designa a la hija de su comadre. Esa designación es por lo menos irregular”, aseguró.

En efecto, la hija de María Zavala reemplazó al fiscal Javier López Romaní, con varios años de carrera como fiscal y designado en 2017 al Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios a cargo del caso Odebrecht.

Un aspecto clave de este tema fue la decisión de Ávalos de remover del caso “Cuellos Blancos” a las fiscales Sandra Castro y Rocío Sánchez. El motivo fue una reunión indebida e informal de ambas  con el expresidente Martín Vizcarra en 2018 en una vivienda.

En una entrevista en marzo de 2021 con la periodista Mávila Huertas, Sánchez reconoció lo indebido que fue haber participado de esa reunión. .

“Viéndolo retroactivamente aparece como un acto impropio y lo debo decir con esas palabras”, admitió.

Sin embargo, las razones detrás de la remoción de las fiscales serían otras. Cuatro meses antes, se conoció que el colaborador 2109-18 del caso Cuellos Blancos reveló a Sánchez que el operador José Luis Cavassa Roncalla habría estado detrás del ascenso de Ávalos como fiscal suprema en 2013.

Según reveló el periodista Ricardo Uceda en setiembre de 2020, “existen testigos de que el ex asesor del partido Podemos José Luis Cavassa se atribuyó el ascenso a la categoría de magistrada suprema de la actual Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos”.