Fiscales anticorrupción de Junín se declaran en emergencia

Sin recursos para investigar a la corrupción. Casos en curso superan la capacidad operativa.

“La carga (laboral) en la actualidad ha sobrepasado nuestras condiciones dentro de lo humanamente posible”. Así describen la situación que viven los fiscales anticorrupción de Junín, quienes se han declarado en emergencia debido a las precarias condiciones en las que deben realizar su labor, al tiempo que reclaman a las instancias superiores (es decir, a su coordinador nacional, Omar Tello, así como a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos) un urgente fortalecimiento del subsistema de la región.

Ello está plasmado en el Oficio N°001-2021, en donde se suscribe por fiscales como Bonnie Bautista, quien llevó adelante el caso de Los Dinámicos del Centro, que implica a miembros de Perú Libre y que tuvo que ser transferido a Lima, justamente, por la falta de logística y de personal especializado.

Para los fiscales, ello “ha evidenciado la realidad en la que venimos realizando investigaciones de similar complejidad y trascendencia”.

“El número de investigaciones penales asignadas a este subsistema ha superado la capacidad operativa de los fiscales anticorrupción”, se advierte.

Los fiscales piden a su superior Omar Tello la conformación de una comisión especial, a fin de que se traslade a Junín para evaluar “las condiciones en las que se vienen realizando las investigaciones” y se defina la creación de otro despacho anticorrupción.

Demandan contratar más peritos especializados, pues solo hay tres ingenieros civiles y tres contables, lo que hace que no se puedan cumplir los plazos. También un mínimo de dos asistentes por cada fiscal, como en otras regiones con menor carga, así como que se cubra la plaza de fiscal adjunto provincial, que se encuentra vacía desde junio.

Con su declaratoria en emergencia, los fiscales dejarán de atender, entre otros, los informes requeridos por el coordinador nacional y otras oficinas “que demande búsqueda y precisión de información”. Tampoco se dará “apoyo en diligencias que se requieran dentro del subsistema (operativos)”.

“Esta medida solo se levantará en caso se den —de forma expresa— alternativas de solución a nuestra problemática y se materialice una real lucha contra la corrupción”, se destaca.