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Los diez hechos 2021 del cine peruano
Descripción de prueba | Fuente: Ilustración de portada: Kipu Visual

Dirigentes de la comunidad nativa Flor de Ucayali; calculan que 2000 hectáreas de su territorio han sido deforestadas; para la siembra de cultivos ilegales de hoja de coca y la instalación de laboratorios de droga. Comuneros indígenas viven bajo constante amenaza de muerte y ya no pueden acceder al sector de su bosque que es dominado por narcotraficantes y taladores. Mongabay Latam encontró 4012 alertas de deforestación dentro de ese territorio desde que empezó la pandemia.

“Se rompe el paradigma de que la titulación resuelve los problemas de una comunidad. Este caso cuestiona la verdadera protección efectiva territorial que pueda tener un pueblo indígena titulado en la Amazonía peruana. Si va a existir una comunidad nativa titulada pero abandonada, es posible que los colindantes inicien actividades ilegales y se complique todo”, afirma.

Fuente: Cultivos de hoja de coca en expansión son custodiados por sujetos armados que amenazan a los indígenas de la zona. | Fotógrafo: Foto: Feconau.

Depredación y amenazas

La grave depredación del bosque de Flor de Ucayali; fue ratificada en un estudio desarrollado; por la Oficina de Catastro y Monitoreo de la Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre (Gerffs) del Gobierno Regional de Ucayali. De acuerdo con el análisis, entre el 2001 y el 2018 se perdieron 529.46 hectáreas de bosque. El 2019 la deforestación llegó a 119.86 hectáreas y el 2020 alcanzó 213.41 hectáreas. Es decir, el desbosque en el 2020 casi duplicó lo registrado durante el 2019. El estudio de la Gerffs; confirmó las proyecciones de los shipibo conibo de Flor de Ucayali; pues da cuenta de un recrudecimiento de la deforestación a partir del 2018, cuando hubo 63.92 hectáreas de bosque devastado.

En el 2020, Flor de Ucayali registró una deforestación de 213 hectáreas, la mayor depredación forestal por año en este pueblo. | Fuente: Foto: Comuneros de la zona.

La deforestación en la comunidad shipibo conibo de Flor de Ucayali ha crecido exponencialmente durante la pandemia. Imágenes: Global Forest Watch.

A través de la plataforma de monitoreo satelital Global Forest Watch; Mongabay Latam pudo encontrar que estas alertas aumentaron por lo menos cinco veces más en el 2020 con respecto al 2019. Aunque la deforestación comenzó con fuerza en julio hasta diciembre; fue en setiembre del año pasado cuando se registró el pico de estas alertas, con 1219. Esto sucedió en medio de la pandemia.

Para la jefa del programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo; Nelly Aedo, la pandemia del Covid-19 ha tenido; fuerte incidencia en los trabajos de supervisión y control de las entidades competentes: Ministerio Público o funcionarios del gobierno regional, por ejemplo. Ella sostiene que la ausencia de las instituciones del Estado; en estas zonas alejadas del país; es uno de los factores para que se les vaya cerrando el paso a las comunidades dentro de sus ámbitos y; en consecuencia, queden en peligro frente a eventuales invasores.

Entre los árboles talados y las chacras hoja de coca, los comuneros han hallado pozas para la elaboración de droga. | Fuente: Foto: Feconau.

“Hay comunidades que cuentan con título, como Flor de Ucayali, pero están solas y desprotegidas. Si bien tienen sus mecanismos de protección internos, las actividades ilegales son muy graves. Los taladores ilegales suelen tener actitudes violentas y el narcotráfico es la actividad ilícita más cruel en muchos sentidos. La ausencia de las instituciones del Estado competentes en diversas zonas del país y la lejanía; son factores que juegan a favor de estas actividades ilícitas y de la violencia que ejercen en las áreas indígenas”; indica Nelly Aedo a Mongabay Latam.

Dirigentes de la Feconau; detallan que tras la emisión de los informes que corroboraron la alarmante crisis en su tierra; participó de una mesa de trabajo con representantes del Ministerio Público; la Policía; del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor), en Pucallpa. Ahí pidieron una nueva constatación del daño en el bosque de Flor de Ucayali.

Baldes de combustible como este fueron la pista que llevó a un grupo de comuneros hasta los laboratorios de droga acondicionados en el bosque. | Fuente: Foto: Feconau.

A inicios del 2021 mientras los shipibo conibo realizaban un nuevo patrullaje cerca de las zonas de depredación; un maderero les increpó que sabía bien los nombres de quienes habían hecho las denuncias: “A nosotros no nos va a costar nada dispararles”, gritó. Los comuneros cuentan que los narcotraficantes se dedican a extraer madera en el tiempo que esperan una próxima cosecha de hoja de coca. “Así se sienten los dueños de toda esta zona”, señalan.

Además de la devastación forestal, los indígenas denuncian que el río Utiquinía es contaminado con residuos químicos. | Fuente: Foto: Comuneros de la zona.

Ramiro es uno de los comuneros de Flor de Ucayali; que vivía con el temor de que los taladores y cocaleros próximos a Santa Sofía; lo llegaran a identificar como uno de los vecinos que había promovido la inspección fiscal y que buscaban un nuevo peritaje. La angustia incluso lo hacía pensar en huir del pueblo. En esos días de incertidumbre, un grupo de sujetos llegó a la comunidad en bote y al bajar hicieron varios disparos al aire. “Si vuelven a ir, nadie va a salir vivo”, recuerda Ramiro que los desconocidos gritaban en medio del estruendo de cada balazo. A la semana siguiente, atacaron su chacra y su casa. “Yo estaba ahí con mi familia, nadie resultó herido de milagro”, indica.

La Defensoría del Pueblo; ha identificado que entre el 2013 y lo que va del 2021; hubo 20 casos de amenazas a líderes y comuneros indígenas en diversas zonas del Perú. Nelly Aedo explica que se trata de casos individuales y colectivos. En cuanto a Flor de Ucayali; la amenaza representa una cuestión colectiva pues ha sido para toda la comunidad, de acuerdo con la abogada Linda Vigo. Según la Defensoría del Pueblo también; las regiones que concentran el mayor número de indígenas amedrentados por taladores, narcotraficantes y mineros ilegales son Amazonas, Ucayali y San Martín. Y los pueblos indígenas más afectados son los asháninkas, cacataibos, shipibo conibo, awajún y wampís.

Árboles de cachimbo, tornillo o huairuro son talados todos los días para dar paso a sembríos de coca. | Fuente: Foto: Feconau.

Entre el 2013 y el 2021, además, la Defensoría del Pueblo registró 25 asesinatos contra defensores indígenas y ambientales. Nueve de estos sucedieron entre el 2020 y 2021; durante la pandemia; y corresponden a los casos de Arbildo Meléndez; Benjamín Ríos, Gonzalo Pío Flores, Lorenzo Wampagkit, Roberto Pacheco, Jorge Muñoz Saavedra, Herasmo García Grau, Estela Casanto y, recientemente, Marcos López Huanca. En esta relación no figura, entre otros, Santiago Vega Chota, indígena cacataibo de la comunidad nativa Sinchi Roca (Ucayali), asesinado en julio del 2020. Nelly Aedo lo precisa así:

“Los casos registrados por la Defensoría del Pueblo; son aquellos de los que la institución ha tenido conocimiento mediante una queja a través de los medios de prensa. Pero no necesariamente son los únicos”.

Fuente: Un estudio realizado por el Gobierno Regional de Ucayali confirmó las denuncias de los shipibo conibo. | Fotógrafo: Foto: Comuneros de la zona.
Fuente: El foco de deforestación en Flor de Ucayali se inicia en el límite de este pueblo con el caserío Santa Sofía. | Fotógrafo: Foto: Feconau.

**Los nombres de algunos comuneros indígenas fueron cambiados por seguridad.